RECORTES SOCIALES EN EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA DE LOS ANDALUCES

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre), formula, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar por esta Corporación Municipal la siguiente

MOCIÓN relativa a:


“RECORTES SOCIALES EN EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA DE LOS ANDALUCES”

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada se recoge en el art. 47 de la Constitución Española, así como el mandato a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

En ese sentido los Andaluces nos dotamos en el Estatuto de Autonomía como norma marco de todas las leyes andaluzas, del necesario impulso para que la vivienda sea un derecho social, y así el artículo 25 responsabiliza a los poderes públicos de la “promoción pública de la vivienda”, dando con ello satisfacción a la demanda de ciudadanos que necesitan de apoyo para acceder a una vivienda.

De un día para otro el Gobierno del Sr. Zapatero ha inflingido un brutal recorte a la política social de vivienda con el anuncio de la eliminación de la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE) para la compra de vivienda de protección oficial (VPO), de la rebaja -en torno a 40%- de las subvenciones para la promoción de vivienda de protección oficial nueva en alquiler, de la supresión de las subvenciones a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo para la construcción de VPO, de la eliminación del presupuesto estatal adicional para las Comunidades Autónomas que superasen sus objetivos de promoción de vivienda protegida y con la eliminación de las subvenciones estatales para las ventanillas destinadas a facilitar información relativa a las ayudas destinadas a estas viviendas sociales.

Este drástico recorte social supone acabar con la esperanza de muchos ciudadanos de poder acceder a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades y derechos. Asimismo, hay que destacar que los recortes en la política social de vivienda suponen, de forma general, reducir a la mitad las ayudas a los ciudadanos para la adquisición de una VPO, y una agresión a los ciudadanos con menos recursos económicos, que son los que más necesitan de la Ayuda Directa a la Entrada para poder acceder a una vivienda protegida. Ésta es fundamental tanto para que éstos decidan adquirir una vivienda de protección oficial, como para que las entidades financieras aprueben las hipotecas que los mismos solicitan, y que ahora se verán incrementadas, por lo que la posibilidades de denegaciones de las mismas también se incrementarán.

Pero también hay que señalar la pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica que se van a producir por la eliminación de las subvenciones a los promotores, ya que debido al escaso margen económico de la vivienda protegida, puede suponer la retracción de la promoción de estas viviendas sociales, lo que unido a la destrucción de empleo que se va a producir por los recortes de las inversiones en infraestructuras del transporte del Gobierno de la nación y del Gobierno andaluz puede dar lugar a una situación de hundimiento total del sector de la construcción.

Se estima que en Andalucía más de trescientas mil familias necesitan una vivienda protegida. Esta fue la cifra que se marcó el Pacto por la Vivienda en diciembre de 2007, para construir 300.000 viviendas protegidas en 10 años, siendo el 80% de las mismas para los sectores más desfavorecidos, aquellos cuyos ingresos no alcanzan 2,5 el IPREM.

Todos estos recortes, apuntan en la dirección contraria de los objetivos marcados en el Plan Concertado Andaluz de Vivienda (2008-2012) que se marcó como objetivo la construcción de 132.800 nuevas Viviendas Protegidas en venta ó alquiler, y de la recién aprobada Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, lo que va a certificar el fracaso de la política de vivienda de la Junta de Andalucía, que estableció las garantías de este derecho a través de los Ayuntamientos, quedando reducida definitivamente a papel mojado, propaganda y fotos.

Por tanto la situación es doblemente difícil, porque la Junta de Andalucía ha delegado en los Ayuntamientos las competencias para garantizar este derecho, pero sin transferir los recursos económicos para ello, y ahora el Gobierno de la Nación, anuncia recortes que harán inviable el que muchos andaluces puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. Una vez más los Ayuntamientos quedan ante los ciudadanos con las obligaciones legales pero sin los recursos económicos que les permitan promover el acceso a la vivienda.

El Partido Popular defiende tanto la necesidad del mantenimiento de la política social de vivienda ante el brutal ataque a la misma que supone el “decretazo” que ha anunciado el Gobierno del Sr. Zapatero, como la de seguir impulsando la VPO para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada con hechos, con recursos económicos y no sólo con palabras dispuestas en normativas que no lo garantizan por sí mismas.

Por todo ello, el Grupo de concejales del Partido Popular presenta para su adopción el siguiente
ACUERDO

1. Rechazar la supresión y recorte de las ayudas y subvenciones a la vivienda de protección oficial (VPO) que ha anunciado la Ministra de Vivienda en la Conferencia Sectorial para abordar el reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), celebrada el pasado 27 de julio.

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a exigir al Gobierno de la nación que dé marcha atrás en su plan de suprimir y recortar las ayudas y subvenciones a la vivienda de protección oficial (VPO) anunciado por la Ministra de Vivienda en la Conferencia Sectorial para abordar el reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), celebrada el pasado 27 de julio.

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar las acciones legales y jurisdiccionales oportunas en el caso de incumplimiento por parte del Gobierno de la Nación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, firmado el 18 de mayo de 2009 por la Ministra de Vivienda y el entonces Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

4. Reclamar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a transferir la financiación necesaria para la programación y ejecución de los Planes Municipales de Vivienda, así como para el funcionamiento de los Registros Municipales de Vivienda y la necesaria tramitación de las calificaciones de Viviendas Protegidas.

Priego a 22 de septiembre de 2010



Fdo: Mª Luisa Ceballos Casas – 52.362.399-R
Portavoz Grupo Municipal Popular